Contra viento y marea, Justo Cárdenas, titular del Indert, compró una finca por US$ 3,2 millones, hecho calificado por un grupo de abogados como “defraudación al Estado”, por varias anomalías detectadas. Ignoró, por ejemplo, un dictamen interno del ente que le advertía sobre superposición, pues una de las fracciones a ser adquiridas caía dentro de Barbero Cue, una finca donada al Estado.
En el nuevo “negocio” de Cárdenas que saltó a la luz tras la investigación de un equipo de abogados siguen apareciendo más puntos que comprometen al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El funcionario autorizó la compra de la finca 172 de San Pedro de Ycuamandyyú (San Pedro), que estaba dividida en cinco fracciones, y el pago se hizo a cuenta de supuestos herederos del dueño original de la finca, Saturnino Sosa.
Pero la adquisición, llamativamente, se llevó adelante en dos partes. Primero, el Indert pagó G. 8.919 millones en el 2014 por las fracciones 2, 3, 4 y 5, que corresponden a una superficie total de 1.061 Ha. (detalles del proceso de compra se puede observar en el portal de Contrataciones Públicas, ID 277354). Al año siguiente, el ente agrario desembolsó G. 8.937 millones a favor de los mismos “herederos” por la fracción 1, de 859 Ha. ( ID 297227).
Pero si el ente rural recibió la oferta completa en un solo expediente, ¿por qué Cárdenas no compró las cinco fracciones en un solo ejercicio? La respuesta podría hallarse en el dictamen interno de diciembre de 2013, firmado por los funcionarios Lic. Silvio P. Gómez y el técnico Germán S. Medina. En el documento, ellos le advertían a Cárdenas que “se puede constatar una superposición en la parte norte de la finca 172, fracción 1 ofertada al Indert” (ver facsimilar). Los técnicos subrayaron que “se recomendaría adquirir solamente las partes no afectadas por dicha superposición” y recalcan...
En principio, aparentemente Cárdenas siguió esta recomendación, a pesar de que incluso la compra de las cuatro fracciones que “se recomendaría” comprar también tenían dudosos documentos. Pero sobre la fracción restante, se tenía la certeza de que las coordenadas indicadas caían sobre Barbero Cue, tierras donadas al Estado en 2012 para los campesinos, vía tratado internacional.
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