Registros Públicos está frenando la reactivación económica y los escribanos reclaman que la Corte Suprema de Justicia tome cartas en el asunto, pero los ministros ni se inmutan de lo que está ocurriendo con el sistema que compraron hace 2 años y costó 2,4 millones de dólares.
En la actualidad toda persona que quiere vender o comprar algo, ya sea casa, vehículo o cualquier otro bien, se demora como mínimo tres meses debido a la mala organización en los Registros Públicos. Allí los trámites siguen siendo engorrosos, lentos y tediosos, pese a la entrada en vigencia del nuevo Sistema Integral de Gestión Registral Electrónica (e-SIGR), que en la práctica no cumple con su función de agilizar las diligencias.
En septiembre del 2019, la Corte Suprema de Justicia licitó el nuevo sistema integrado para su dependencia de los Registros Públicos. Se presentaron solo dos oferentes, y en diciembre de ese año fue adjudicado el Consorcio Gestión Documental Electrónica (GDE), cuya oferta fue de G. 16.298.700.000 (2,4 millones de dólares). El contrato estableció que del monto total contratado, serán otorgados los siguientes montos: G. 996.700.000 en el año 2020; G. 70.668.000.000 en 2021 y G. 8.375.300.000 en el 2022.
A casi 2 años de esa adjudicación, aún sigue en etapa de “implementación” el moderno sistema, por lo que los trabajos de migración de datos aún no han culminado, según el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, ante el reclamo de los escribanos y gestores por el caos generado desde la vigencia de este servicio. Como una solución de parche, la institución dispuso suspender la nueva herramienta y volver momentáneamente al sistema anterior que data del año 2005.
No solo los escribanos o gestores se ven afectados por el atraso generalizado en los registros, sino que en general las actividades económicas están paralizadas, ante la dificultad de contar con certificados de interdicción, de condiciones de dominio, entre otros.
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