El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala de la Capital, revocó la providencia del juez de Garantías Miguel Palacios, quien admitió la imputación al senador Hernán Rivas y ordena su devolución a fin de corregir las notorias deficiencias constatadas en el acta de apertura de proceso penal por producción de documentos de contenido […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala de la Capital, revocó la providencia del juez de Garantías Miguel Palacios, quien admitió la imputación al senador Hernán Rivas y ordena su devolución a fin de corregir las notorias deficiencias constatadas en el acta de apertura de proceso penal por producción de documentos de contenido falso y otros.
La fundamentación de la Dra. Bibiana Benítez Faría señala al principio que los abogados Cristóbal Cáceres,Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino, sostienen que la imputación violando preceptos constitucionales y legales al no mencionar cuáles serían los indicios, documentos, medios de prueba o el detalle preciso de los vicios formales de índole administrativo que motivarían una sospecha seria que amerite la presente imputación.
“De una lectura de las constancias obrantes en estos autos y en especial del acta de imputación cuestionada, denota que el A quo lo ha admitido sin haber realizado el control pertinente, tal como lo ordena la Acordada N° 1631/2022, pues se advierte claramente que el relato fáctico carece de información que brinde al imputado las herramientas para articular su defensa, y así garantizar la vigencia del principio con rango constitucional del derecho a la defensa, Art. 16 y 17 inc. 7).
“La falta de descripción de uno de los hechos punibles por los cuales se lo investiga, no puede prosperar en las circunstancias apuntadas en un proceso penal, la norma es clara al señalar que necesariamente el titular de la acción penal debe describir «sucintamente» el hecho que se le imputa al sindicado, debiendo dicha descripción ser clara y precisa. Se observan falencias y omisiones que imposibilitarían una adecuada utilización de la garantía constitucional del derecho a la defensa, lo cual denota el nulo control por parte del Juez Penal de Garantías.-
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