El Tribunal de Apelación especializado en delitos económicos y crimen organizado declaró inadmisible una apelación planteada por uno de los procesados por supuesta estafa al Estado con la construcción de pozos artesianos. En consecuencia, los acusados deberán afrontar juicio oral y público por lesión de confianza y otros delitos.
Al declarar inadmisibilidad de la apelación presentada por el procesado Gregorio Fernández Romero, los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez ratifican la resolución dictada el 28 de enero pasado por el juez penal de garantías de delitos económicos José Agustín Delmás, quien admitió la acusación y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
El 16 de enero pasado, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia acusó por estafa y lesión de confianza y solicitó juicio oral para Sócrates Garcete, y los directivos de organizaciones no gubernamentales (ONG) Gregorio Fernández Romero y Alejandro Montanía, de la fundación La Carreta; a Pedro Amarilla Martínez y Pura Limpia Brítez Álvarez, de Solidaridad; a Marcial Cardozo González y María Norma Ortega Gaona, de Sepra, y David Aveiro Cuenca y Valeri Elvira Viveros Cabral, de Sembrando.
La petición fiscal fue el corolario de una investigación abierta con relación a uso de multimillonarios fondos que fueron proveídos por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y que debían ser utilizados en la construcción de pozos artesianos.
La acusación refiere que, por nota de 30 de marzo de 2015, Fernández Romero, presidente de la Asociación Campesina La Carreta, solicitó al Indert la financiación de proyectos de sistemas de abastecimiento de agua potable para cuatro asentamientos del departamento de San Pedro. Para ser más específicos, las comunidades eran San Marcos, General Caballero y 26 de Abril, de la jurisdicción del distrito de General Resquín, y la comunidad Potrero Oculto, de la jurisdicción de Tacuatí.
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