El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Primera Sala, confirmó la resolución del juez Humberto Otazú que elevó a juicio oral y público la causa del asistente fiscal de la Fiscalía de Villa Hayes, Antonio Ramón Petters y para el abogado Raúl Adriano Cardozo, por un supuesto pedido de coima. La Dra. Silvana […]
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Primera Sala, confirmó la resolución del juez Humberto Otazú que elevó a juicio oral y público la causa del asistente fiscal de la Fiscalía de Villa Hayes, Antonio Ramón Petters y para el abogado Raúl Adriano Cardozo, por un supuesto pedido de coima.
La Dra. Silvana Luraghi, preopinante, manifestó que el recurrente, en su escrito, expresa una disconformidad con los hechos atribuidos por el Ministerio Público “y en ese sentido, la defensa pretende que este Tribunal valore medios de pruebas que no han sido producidos, lo cual no puede hacer un Tribunal de Apelaciones antes de un Juicio Oral y Público por lo que, los argumentos presentados por el recurrente resultan totalmente insuficientes, ya que se limitan a transcribir circunstancias fácticas que deben ser evaluadas en la siguiente etapa procesal”.
“Tampoco se observa que la defensa haya señalado cuáles serían los preceptos legales o constitucionales que se han vulnerado causando un agravio irreparable, por lo que corresponde declarar inadmisible el estudio del recurso de apelación interpuesto con relación al punto N° 1”.
“En cuanto al segundo agravio con respecto al punto N° 02 de la resolución impugnada es sobre el rechazo del incidente de nulidad de acusación, por violación del art 350 del CPP este punto debe ser admitido”.
Leer la nota completa en El Observador
