El debate por la reforma de la Caja Fiscal divide ya no solo a los gremios, sino también al plano político y al mismo oficialismo. La cercanía de las elecciones internas estanca aún más el avance.
La polémica reforma de la Caja Fiscal, planteada por el Poder Ejecutivo como una medida urgente para evitar el agravamiento del déficit del sistema jubilatorio público, que ya supera los USD 1.700 millones en la última década, se encuentra empantanada en la Cámara de Senadores, en medio de posturas divididas y fuertes presiones por parte de los distintos sectores que buscan proteger sus beneficios.
El proyecto fue impulsado por el propio Gobierno, encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el argumento de que la Caja Fiscal atraviesa una situación crítica y que, sin los cambios, podría enfrentar problemas de sostenibilidad en poco tiempo, requiriendo cada vez mayores transferencias del Tesoro Público.
Poco tiempo después de su presentación, en diciembre de 2025, el estudio del proyecto avanzó rápidamente en la Comisión Permanente, pasando a manos de la Cámara de Diputados. En esta segunda instancia, con apenas unos días de que se transparente el informe actuarial que sustenta los cambios propuestos por el Gobierno, como una nueva maniobra del cartismo, la propuesta fue aprobada en tiempo récord, en medio de críticas por el estudio a las apuradas y el escaso debate técnico.
Tras su aprobación, pasó al Senado, donde el escenario ya fue distinto. Inicialmente, se planteó tratar la iniciativa en un corto plazo, pero luego se fijó para el 25 de marzo hasta que finalmente decidieron aplazar su tratamiento de manera indefinida o sine die.
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