La captura del capo uruguayo cierra años de fuga y persecución internacional, pero vuelve a colocar bajo el foco la red criminal que operó desde Paraguay, el impacto del operativo A Ultranza Py y las conexiones que terminaron alcanzando al poder político, incluido un senador condenado por lavado de dinero ligado a su estructura.
La captura de Sebastián Marset en Bolivia y su traslado inmediato a los Estados Unidos cierran, al menos en lo operativo, uno de los capítulos más largos y desafiantes de la lucha regional contra el crimen organizado. Pero el final de la fuga del uruguayo no clausura la historia: la devuelve con más fuerza sobre Paraguay, donde se montó una parte central de su engranaje, donde cayó el operativo A Ultranza Py, donde su esposa sigue procesada y presa, y donde la política terminó salpicada por una de las tramas de lavado y protección más explosivas de los últimos años.
Durante años, Marset consiguió algo que muy pocos capos logran: moverse entre países, usar identidades falsas, montar fachadas empresariales, infiltrarse en circuitos legales y deportivos, y convertir su nombre en sinónimo de humillación para los sistemas de control de la región. Su caída en Santa Cruz de la Sierra no solo golpea a un prófugo de alto valor para la DEA, sino que reabre preguntas incómodas sobre cuánto de su estructura sobrevivió, quiénes se beneficiaron en Paraguay y cuántas piezas locales siguen todavía fuera del foco penal o político.
Marset fue detenido este viernes 13 de marzo en Bolivia en un operativo que, según las autoridades bolivianas, no dejó heridos ni muertos. Poco después fue expulsado y enviado a Estados Unidos. La captura fue presentada por el Gobierno boliviano como un punto de inflexión en la lucha regional contra las mafias, y coincidió con la reciente reanudación de la cooperación operativa entre Bolivia y la DEA tras 17 años de interrupción. En el expediente estadounidense, Marset ya estaba acusado por lavado de dinero, y el Departamento de Estado había ofrecido hasta 2 millones de dólares de...
No era un objetivo menor. Estados Unidos lo ubicaba como un presunto articulador de una estructura capaz de mover toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y de lavar millones a través del sistema financiero internacional. Solo en un episodio de enero de 2021, según la acusación federal, se le adeudaban más de 17 millones de euros por un solo cargamento de cocaína, y parte de ese dinero terminó siendo lavado usando bancos estadounidenses. Ese dato ayuda a dimensionar por qué su captura terminó orbitando rápidamente hacia Washington y no quedó circunscripta a Bolivia o Paraguay.
Leer la nota completa en El Nacional