Brasil anunció un nuevo plan de seguridad a nivel nacional para combatir el crimen organizado en medio de un repunte de la violencia, pero el plan de casi US$175 millones es un refrito de muchas estrategias ineficaces.
El 2 de octubre, el ministro de justicia y seguridad pública de Brasil Flávio Dino presentó el primer gran programa contra la delincuencia (Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas) desde el retorno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al poder, el pasado enero.
El nuevo plan gira en torno a cinco ejes que pueden resumirse así: más cooperación e intercambio de información entre organismos, mejorar la eficiencia de la policía y de la rama judicial y apuntalar la vigilancia de los puertos de entrada al país. Con ese fin, las autoridades han destinado 900 millones de reales (cerca de US$174 millones) para tres años.
El plan se presenta en un marco de violencia continuada en los estados de Bahia y Río de Janeiro. En Salvador, la capital de Bahia, se cometen cuatro homicidios por día en el contexto de una guerra entre organizaciones criminales por el control de los corredores de narcotráfico. La respuesta ha sido la militarización, que ha dejado 72 personas muertas en enfrentamientos con la policía en el mes de septiembre.
Río de Janeiro ha sido históricamente sede de varias de las organizaciones criminales más poderosas del país, como el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y el Tercer Comando Puro (Terceiro Comando Puro, TCP). En medio de la lucha entre estos grupos por el control territorial, se conocieron recientemente imágenes de grupos criminales recibiendo entrenamiento como insurgentes, y en septiembre se reportó un ataque con una granada contra un autobús que dejó al menos 3 pasajeros heridos.
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