El ministro de Hacienda utilizó el proceso judicial para el fin ilícito de esquivar el control y consentimiento legislativo a la contratación de nueva deuda pública. Esto es calificado de fraude procesal en el artículo 52 inciso c) del Código Procesal Civil, y determina la nulidad insanable de la emisión de dichos bonos bajo el artículo 137 de la Constitución.
La medida cautelar obtenida por el ministro de Hacienda infringe, además, el sistema de derecho internacional al que se integra la República del Paraguay por los artículos 143, 144 y 145 de la Constitución. El inciso 5 del artículo 143 de la Constitución establece que el Paraguay se ajusta en sus relaciones internacionales al principio de “protección internacional de los derechos humanos”. El artículo 144 se refiere a la calidad de miembro de la República del Paraguay a la Organización de las Naciones Unidas, organización defensora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Consejo de Derechos Humanos de las ONU, por Resolución 20/10, numeral 19, destacó la necesidad de cualesquiera “nuevos préstamos” se celebren y “formulen con conocimiento público y con transparencia, que se establezcan marcos legislativos, arreglos institucionales y mecanismos de consulta para garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos los órganos legislativos populares y las instituciones de derechos humanos…”.
La misma resolución afirma que desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de la deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales y culturales.
Finalmente, la resolución exhorta a los Estados miembros a adoptar medidas para luchar contra los fondos oportunistas.
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