Presidenta de facto eximió de responsabilidad penal por sus actos a las fuerzas del orden. Fuerte cuestionamiento de los organismos de derechos humanos a nivel regional. La crisis ya se lleva encima dos docenas de muertos y casi 200 heridos y detenidos. El gobierno de facto que intenta goberna
Presidenta de facto eximió de responsabilidad penal por sus actos a las fuerzas del orden. Fuerte cuestionamiento de los organismos de derechos humanos a nivel regional. La crisis ya se lleva encima dos docenas de muertos y casi 200 heridos y detenidos.
El gobierno de facto que intenta gobernar Bolivia ha quedado en medio de un fuego cruzado de acusaciones que van desde los organismos internacionales de Derechos Humanos hasta presidentes latinoamericanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, cuando emitió un cuestionado decreto avalando el asesinato y la tortura.
Hasta ahora, la represión se ha llevado la vida de 23 personas y casi dos centenares de heridos y detenidos. En lo que supone una escalada abusiva de violencia, la cuestionada mandataria boliviana, Jeanine Añez, ha emitido un decreto que exime de responsabilidad penal a las fuerzas del orden; en síntesis: carta blanca para reprimir y matar sin tener que dar cuenta a nadie por ello.
El cuestionado decreto señala: “El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
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