Da la razón a la Liga de los Derechos Humanos, una asociación que denunció la inconstitucionalidad de los métodos aplicados para restringir las actividades y movilidad. La Justicia belga considera que el Estado no ha seguido los trámites adecuados y que, por tanto, las medidas no son legales y deben ser levantadas. «El cierre de establecimientos (culturales, festivos, deportivos, recreativos, eventos, catering, profesiones de contacto), la suspensión de la educación obligatoria, la limitación de reuniones públicas o privadas, la limitación de movimiento desde y hacia Bélgica van mucho más allá de lo contemplado bajo los términos requerimiento y evacuación», dice el Tribunal de Bruselas. Pero eso no ha impedido que siguiera adelante mientras se tramita la llamada Ley Pandemia, que ofrecería y probablemente ofrecerá un marco ahora sí sólido para este tipo de medidas.
Da la razón a la Liga de los Derechos Humanos, una asociación que denunció la inconstitucionalidad de los métodos aplicados para restringir las actividades y movilidad.
El Tribunal de primera instancia de Bruselas ha dado este miércoles 30 días al Estado belga para que retire todas las medidas anticovid en vigor que restringen la actividad, el empleo o la movilidad.
Los magistrados dan un mes para actuar e imponen una sanción de 5.000 euros por cada día de retraso.
La decisión llega tras una denuncia presentada por la Liga de los Derechos Humanos en nombre de todos los belgas, según informan los medios locales. Reprochan a las autoridades haber adoptado medidas liberticidas por derecho menoscabando «las normas constitucionales y / o legales que le exigen abstenerse o actuar en una dirección determinada», en cita recogida por Le Soir. Según informó el medio digital elmundo.es.
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