Foto: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Por: Alfredo Schramm En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó con modificaciones, el proyecto de Ley “Que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”, presentado por varios legisladores. La senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo de esta iniciativa es establecer límites y procedimientos claros mediante los cuales un empleado público o una persona designada para un cargo electivo o de conducción política pueda autorizar descuentos o retenciones directas sobre su salario o remuneración por servicios personales. EXCESOS A su turno, el senador Rafael Filizzola señaló que el proyecto busca contribuir a resolver parte del problema vinculado a la denominada “mafia de los pagarés” y solicitó al Pleno su aprobación con modificaciones.
En sesión ordinaria, la Cámara Alta aprobó con modificaciones, el proyecto de Ley “Que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”, presentado por varios legisladores. El documento será remitido a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento.
El tema cobró fuerza tras destaparse la mafia de los pagarés, un esquema que permite a empresas descontar varias veces un mismo documento. Miles de funcionarios públicos hoy casi no cobran nada por los embargos judiciales sobre sus sueldos.
La senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el objetivo de esta iniciativa es establecer límites y procedimientos claros mediante los cuales un empleado público o una persona designada para un cargo electivo o de conducción política pueda autorizar descuentos o retenciones directas sobre su salario o remuneración por servicios personales.
Señaló que el Estado debe velar por que las remuneraciones cumplan con lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, garantizando una retribución que permita el desarrollo libre y digno del trabajador. Asimismo, aclaró que, bajo ninguna circunstancia, los descuentos podrán superar el 50 % del ingreso mensual percibido por el funcionario en concepto de contraprestación por sus servicios.
Leer la nota completa en El Independiente
