BRUSELAS. Aclamada en su aprobación en 2023 pero sometida ahora a una presión extraordinaria por parte de Estados, empresas, lobbies y partidos políticos, la ley para impedir que los productos consumidos en la Unión Europea generen deforestación avanza, pese a las turbulencias.
A partir del 30 de diciembre, las empresas que importen en la UE ciertas materias primas deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
El reglamento se aplica también dentro de la UE y afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles.
Busca invertir una tendencia preocupante: entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 1% es atribuible al consumo comunitario.
La ley contra la deforestación se alinea con normativas sobre la madera o la pesca ilegal y con la obligación de las grandes empresas de comprobar que no se producen abusos en su cadena de suministros, dentro de un espíritu que busca que la UE no deslocalice a terceros países prácticas censuradas en su territorio.
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