Los programas sociales universales, y el financiamiento del déficit de la Caja Fiscal constituyen gastos rígidos que reducen el margen de maniobra presupuestario para otros componentes del gasto, particularmente la inversión en construcciones públicas, cuyo presupuesto viene disminuyendo, según revela el último informe de Actividad Económica en Construcción, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco). “En términos relativos, la tasa de ejecución cayó a 54% en 2025, el nivel más bajo desde el 2015, muy por debajo del promedio histórico cercano al 60% y del 72% observado en 2020”, dice el informe, presentado por el economista Jorge Garicoche, asesor de la Capaco y miembro del staff de Mentu.
Los programas sociales universales, y el financiamiento del déficit de la Caja Fiscal constituyen gastos rígidos que reducen el margen de maniobra presupuestario para otros componentes del gasto, particularmente la inversión en construcciones públicas, cuyo presupuesto viene disminuyendo, según revela el último informe de Actividad Económica en Construcción, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).
En 2025, el gasto social representó el 56% de la ejecución de la Administración Central, manteniendo la media histórica del 55% y reafirmando su peso en el presupuesto. A este compromiso se suma el déficit de la Caja Fiscal, que alcanzó los USD 380 millones y amenaza con incrementarse en USD 100 millones por año. Dado que ambos rubros constituyen gastos rígidos, su financiamiento –basado principalmente en recursos del Tesoro– restringe el espacio fiscal para otros sectores. Como resultado, la inversión en obras públicas ha perdido prioridad presupuestaria, mostrando una reducción constante...
El informe muestra que la estructura del gasto de la Administración Central enfrenta un panorama crítico de inmovilidad financiera. Para el cierre de 2025, se estima que el 79,2% del presupuesto total estuvo comprometido en rubros “blindados” y de difícil ajuste en el corto plazo.
De cada 100 guaraníes, la mayor parte se destina a cubrir obligaciones legales y políticas ya consolidadas: un 43,5% se dirige al pago de salarios, el 20,1% a prestaciones sociales y un 12,7% al cumplimiento de intereses de la deuda pública.
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