El arresto del exministro de Defensa de México por parte de Estados Unidos, acusado de narcotráfico, confirma lo que durante mucho tiempo han afirmado tanto traficantes como civiles: que el ejército del país, que desempeña un exagerado papel en la lucha contra el crimen organizado, ha sido totalmente corrompido.
El 15 de octubre, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó al ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa de México durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), había sido arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
La orden de arresto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) se produjo después de que Cienfuegos, apodado “El Padrino”, fuera acusado de tres cargos de conspiración para traficar drogas y un cargo de lavado de dinero, según una acusación presentada en agosto de 2019 en el Distrito Este de Nueva York.
Los cargos se derivan de acusaciones de que el general se coludió con el Cartel H-2 entre 2015 y 2017, según documentos judiciales. El Cartel H-2, que se desprendió de la Organización Beltrán Leyva, solía ser dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, quien fue asesinado a tiros por los marines mexicanos a principios de 2017.
Los fiscales federales de Estados Unidos acusan al general Cienfuegos de utilizar su “posición pública para ayudar al Cartel H-2 a […] operar con impunidad” a cambio de sobornos, según una carta del 16 de octubre de los fiscales dirigida a la jueza del Distrito Este, Carol B. Amon.
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