La arquitecta Alba Penayo, una de las principales denunciantes de la denominada “mafia de los pagarés”, relató en una entrevista con PDS Radio el calvario judicial que casi la deja sin su casa y que expone, una vez más, las graves irregularidades instaladas en el sistema civil y penal que permiten la ejecución de documentos […]
La arquitecta Alba Penayo, una de las principales denunciantes de la denominada “mafia de los pagarés”, relató en una entrevista con PDS Radio el calvario judicial que casi la deja sin su casa y que expone, una vez más, las graves irregularidades instaladas en el sistema civil y penal que permiten la ejecución de documentos presuntamente falsos.
Penayo recordó que el conflicto inició en el año 2019, cuando fue notificada de una supuesta deuda de Gs. 130 millones a favor de Narciso Portillo y su abogado Francisco Cáceres. Desde ese momento comenzó un proceso que describe como “una pesadilla que lleva más de cinco años”, marcada por documentos fraguados, firmas falsificadas y pericias contradictorias.
Uno de los hechos más graves, afirmó, fue que una escribana autenticó una cédula que ya no estaba vigente. “Yo cambié mi cédula en el 2014, pero ellos presentaron la anterior, la de casada”, explicó. Esa inconsistencia, sumada a un divorcio inexistente que figura en documentos judiciales, levantó sospechas sobre toda la estructura utilizada para impulsar la ejecución.
La arquitecta detalló que aceptó inicialmente una pericia caligráfica, confiando en que aclararía la situación. Sin embargo, los primeros peritos concluyeron falsamente que la firma cuestionada era suya. “Ahí comenzó el corolario de estos años”, lamentó. Con el tiempo se acumuló un entramado de peritos que, según denunció, actuaron en consonancia para validar documentos presuntamente apócrifos.
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