La norma tiene un claro objetivo de apuntalar el frente fiscal, aunque en un contexto social delicado, con una tasa de pobreza que ronda el 40%, la mejora no vendrá por un recorte en los gastos del sector público sino por un aumento en los ingresos.
AHORRO. De acuerdo a los cálculos de la consultora privada Elypsis, la ley de emergencia permitiría un ahorro fiscal de entre el 1 y el 1,9 % del PIB. La ley, según la consultora, “apunta a orientar mayores gastos hacia los sectores más golpeados por la crisis sin deteriorar el resultado primario, clave en la negociación de la deuda”.
Argentina, que se dispone a iniciar una negociación de extensión de plazos de pago de sus deudas con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), necesita mejorar su perfil fiscal de cara a esas conversaciones, en las que los acreedores querrán ver sobre la mesa un plan “consistente” que garantice que el país suramericano podrá honrar sus compromisos.
La ley permite al nuevo Ejecutivo aumentar varios impuestos, como los derechos de exportación y los tributos al patrimonio, crear otros, como la tasa del 30% a la compra de divisas extranjeras y a los gastos y viajes al exterior, y suspender rebajas impositivas que se habían aprobado en 2017.
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