Una muestra más de que la impunidad campea hasta en la Corte Suprema de Justicia es la indefinición en torno al caso que involucra a la jueza penal de garantías Cinthia Garcete. La magistrada había levantado la rebeldía de una pareja procesada por estafa que fijó residencia dentro del expediente en la ciudad de Málaga, […]
Una muestra más de que la impunidad campea hasta en la Corte Suprema de Justicia es la indefinición en torno al caso que involucra a la jueza penal de garantías Cinthia Garcete. La magistrada había levantado la rebeldía de una pareja procesada por estafa que fijó residencia dentro del expediente en la ciudad de Málaga, España. Por el mismo caso, la Corte había suspendido en sus funciones a un juez de Concepción.
Así lo señalaba la conclusión de una auditoría ordenada por el pleno de la Corte Suprema, en cuanto al juez penal de garantías, Eduardo Manuel Agüero, de la ciudad de Concepción. Este magistrado se encuentra suspendido en funciones por 30 días, en razón del levantamiento de la rebeldía declarada en favor de un procesado por violencia familiar que fijó domicilio dentro del proceso en España.
La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, hizo lo mismo en un caso por estafa, pero hasta la fecha, no fue molestada al respecto por los ministros de Corte.
Recurriendo a los archivos recientes, encontramos que la jueza Garcete dictó en auto interlocutorio número 97, el 29 de enero del corriente, ordenando el levantamiento de la declaración de rebeldía que la misma decretó contra la pareja conformada por Julio César Martínez y Mirta Antonia Fretes, que fijaron residencia en la ciudad de Málaga, España, en el marco de un proceso abierto por la tipificación de estafa.
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