Los abogados Gustavo Leguizamon y Richar Rojas por la defensa técnica de Juan Villalba presentaron un recurso de Apelación General contra el A.I. 991 de fecha 01 de noviembre de 2024, dictado el Juez Penal Raúl Florentín, que elevó a juicio la causa por supuesta violencia familiar. El recurso versa mayormente en el rechazo a […]
Los abogados Gustavo Leguizamon y Richar Rojas por la defensa técnica de Juan Villalba presentaron un recurso de Apelación General contra el A.I. 991 de fecha 01 de noviembre de 2024, dictado el Juez Penal Raúl Florentín, que elevó a juicio la causa por supuesta violencia familiar.
El recurso versa mayormente en el rechazo a los incidentes interpuestos por esta defensa técnica en ocasión de la audiencia preliminar, referentes a pedido de sobreseimiento definitivo por no subsumirse la conducta acusada en el tipo penal, solicitud de separación de juicios y solicitud de aplicación de suspensión condicional del procedimiento, pretensiones que fueron rechazadas en su totalidad en la resolución impugnada.
“También cita como jurisprudencia la postura de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, debiendo tener presente que la práctica de los Tribunales (la cual es compartida por esta Sala penal de la Corte) ha determinado que la irrecurribilidad del auto de apertura a juicio a que hace alusión la última parte del Art. 461 del Código Ritual, debe ser interpretado en relación única y exclusiva al punto de la resolución que dispone tal decisión, por lo que si el auto que ordena dicha elevación resuelve igualmente otros puntos debatidos en la audiencia preliminar, resulta evidente que...
Por lo tanto, los representantes del acusado sostienen que la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal y ha dejado claramente evidenciado que el más Alto Tribunal de la República considera que, aun cuando el Auto de Apertura a Juicio es irrecurrible, los puntos que fueron debatidos en la Audiencia Preliminar y que son susceptibles de impugnación por conducto de la Apelación General , deben inexorablemente ser objeto de control y decisión por parte de los Tribunales de Apelación en lo Penal.
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