La nueva situación legal del ex presidente (2003-2011), liberado de condenas a prisión que sumaban 26 años, también desató un terremoto político, porque aunque seguirá respondiendo ante la justicia, ha recuperado sus derechos y puede aspirar a la Presidencia en 2022, cuando el actual gobernante, Jair Bolsonaro, intentará renovar su mandato.
El potencial de votos que se presume que conserva Lula ya es una preocupación para Bolsonaro, cuya imagen según las últimas encuestas ha sentido los efectos de su errática gestión de la pandemia de covid-19, que tiene a Brasil como uno de los países más golpeados, con 267.000 muertos, 11 millones de contagios y una curva creciente.
Sondeos recientes sitúan el apoyo a Bolsonaro en un 30 %, con una caída de más de diez puntos en los últimos meses y una tendencia a la baja que se afirma a medida que la pandemia se descontrola. La popularidad de Lula no ha sido medida en los últimos tiempos pero, a mediados de 2018, cuando su situación judicial le impidió ser candidato a las elecciones que finalmente ganó Bolsonaro, encabezaba todos los sondeos con unos 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el líder de la ultraderecha, a la postre vencedor.
La anulación de las penas que pesaban contra Lula fue decidida por Edson Fachin, uno de los once miembros del Supremo, sobre la base de que el tribunal de la sureña ciudad de Curitiba que le condenó, entonces a cargo del juez Sergio Moro, no tenía competencia legal para juzgar esos casos.
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