Según la ANNP, “no se justificaba” adecuarse a la ley de APP para ceder el puerto de Concepción por 20 años a una empresa privada. Así, se basaron únicamente en el artículo de un decreto para esa operación, específicamente, un apartado que hace referencia a tarifas.
Nuestro diario publicó el fin de semana el documento en el cual se basó la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) para justificar la cesión del puerto de Concepción a Baden SA, por 20 años, bajo la figura de “Alianza Operacional Estratégica”. Se hacía referencia al artículo 8.1 del decreto N° 12.297, que no menciona absolutamente nada sobre este tipo de operaciones.
Al respecto, consultamos ayer a Pedro Villalba, gerente de Administración y Finanzas de la institución, y la Abog. María Elizabeth Galeano, directora jurídica, quienes nos recibieron ayer en oficinas de Puertos. Ellos explicaron que hubo una equivocación en el documento oficial y que, en realidad, se basaron en el artículo 7.1 del mismo decreto (ver facsímil).
Dicho artículo, sin embargo, nuevamente se refiere al tema tarifas (como todo el decreto) y en un postulado segundario menciona el trabajo con el sector privado y esto es interpretado por la ANNP como un permiso para poder firmar “contratos de usufructo oneroso”, sin pasar por la ley de APP ni la 2051 de Contrataciones Públicas ni la ley de concesiones.
Galeano sostuvo que la operación no podía hacerse a través de la Ley 2051 porque no existe erogación de la institución, tampoco por ley de concesión porque no es servicio público.
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