Un fiscalizador contratado a través de una empresa consultora denunció haber sido desvinculado tras reclamar mejores condiciones laborales en una obra de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según su testimonio, existía un esquema que precarizaba a los trabajadores que realizaban tareas críticas para el avance de obras de mejoramiento.
Marcos Casanova, quien se desempeñó entre 2024 y 2025 en las obras de la —referida al reemplazo de conductores eléctricos en el sur del país— dijo que, pese a que el contrato de fiscalización preveía equipos completos y salarios superiores a los que percibía, en la práctica se encontró solo frente a responsabilidades que debían cubrir cinco personas.
“Yo percibí mucho menos de lo estipulado, unos G. 6,6 millones, cuando el contrato establecía G. 11,9 millones. Además, usaba mi propio vehículo, combustible y teléfono para cumplir con el trabajo. Era imposible abarcar todas las cuadrillas, pero igual me exigían resultados”, relató.
El fiscalizador asegura que el consorcio Electrointec (conformado por ELC, Electroconsult del Paraguay SA e Intec SA) utilizó una licitación diferente a la prevista (la LPN 1647/2021 entre ANDE e Itaipú) para cubrir temporalmente los pagos, mientras la adjudicación oficial a Inel Consultores se encontraba demorada. “Se usaban recursos de una licitación financiada por Itaipú para sostener los costos de otra obra financiada por la CAF. Todo un parche administrativo”, dijo.
“Tenemos una apropiación por parte de esta empresa, que le roba al trabajador y no paga lo que establece el pliego de licitación. Imagínense que la ANDE hace un contrato con esta empresa, que debería verificar que se cumpla al pie de la letra y resulta que no”, critica el abogado de Casanova, Juan José Bernis, al presentar el caso denunciado por Casanovas en un video a través de su cuenta en la red social Tiktok.
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