Un viejo fantasma parece querer resurgir en Colombia: las amenazas de atentados contra candidatos presidenciales. El postulante izquierdista Gustavo Petro, líder en las encuestas de intención de voto, canceló una gira en el Eje Cafetero, en el centro del país, por un presunto plan de un grupo paramilitar para asesinarlo. Esta denuncia causó gran revuelo en el país, que, además del recrudecimiento de la violencia, experimenta una extremada polarización política a pocas semanas de los comicios.
De acuerdo con información “de primera mano” a la que su equipo de campaña tuvo acceso, existen datos fiables de que la organización paramilitar “La Cordillera” planeaba atentar contra la vida de Petro. La banda criminal, según el comunicado difundido en Twitter, se dedica al narcotráfico y al sicariato en esa zona del país. A “La Cordillera” se le atribuye también el asesinato del líder social Lucas Villa durante las masivas protestas del año pasado contra
Sin embargo, poco después de hacerse pública la denuncia, la Policía colombiana salió a descartar el hecho. "La Policía, hasta el momento, no tiene información de inteligencia que permita determinar la existencia de un plan criminal", aseguró la institución en un comunicado. Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que “luego de haber consultado con las fuerzas militares, con las agencias de inteligencia del Estado, no se ha evidenciado ningún plan en este momento que corresponda a la estructura organizada criminal La Cordillera”.
Dichas declaraciones fueron fuertemente criticadas por diversos sectores políticos y organizaciones sociales por poner en duda la denuncia del candidato de la coalición Pacto Histórico. Debido al historial colombiano, advierten, no se puede desestimar ninguna amenaza de esta naturaleza. Hace solo un mes, la fórmula de Petro había hecho públicas otras amenazas contra la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez.
“Cualquier democracia funcional debe tener como prioridad que todos sus representantes tengan la absoluta garantía de que podrán expresarse y liderar sus causas sin que su vida o integridad sea atacada por ello”, dice a DW el politólogo Fernando Posada, de la Universidad de los Andes. Para Posada, las declaraciones de las autoridades son, incluso, “una forma de participación en política de entidades que antes de salir a rechazar o a desmentir lo que tienen que hacer es investigar”.
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