El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se convirtió en una amenaza para los colonos japoneses que viven en la colonia Yguazu, Alto Paraná. El 10 de setiembre último, el instituto agrario solicito la mensura judicial de las fincas 631 y 67 que forman parte de la colonia japonesa. El pedido fue realizado por el entonces titular del Indert, Horacio Torres.
La colonia japonesa es una propiedad privada. La fracción de 87.000 hectáreas fue adquirida por la Agencia de Cooperación del Japón (Jica) en el año 1960.
La solicitud del Indert se encuentra en estudio en el juzgado a cargo del juez Juan Palacios, de Asunción.
Es oportuno recordar que las tierras fueron compradas como parte de un programa de nuestro país para recibir a colonos del Japón. La Jica compró la finca 77, de 87.000 hectáreas. Se realizó la mensura y se inscribió como finca 631, según consta en la sentencia definitiva Nro. 241 de fecha 17 de agosto de 1961.
Los colonos japoneses pagaron a la Jica por la tierra a fin de instalarse y comenzar a trabajar. La colonia es una propiedad privada con mensura judicial aprobada sobre la totalidad de las 87.000 hectáeras.
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