El Acta de Entendimiento para el ordenamiento económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no es favorable para el Paraguay, porque se asume una deuda no verificada por el organismo de control del Estado y se postergan otros beneficios para nuestro país, como la compensación por territorio inundado, indicaron técnicos del sector en un panel realizado en Itauguá.
El Estado paraguayo, en calidad de Alta Parte Contratante, tiene obligación de verificar el nivel de endeudamiento de la EBY en relación a lo que consumió cada país, afirmó el Ing. Germán Escauriza, quien fue uno de los panelistas del debate sobre el Acta de Entendimiento de Yacyretá y su implicancia para el Paraguay que se llevó a cabo el martes en el salón municipal “Don Genaro Rodríguez” de la Municipalidad de Itauguá.
El especialista, quien lideró la subcomisión de deudas de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), que asesoró a la Cancillería (2009-2011), añadió que esa verificación debe realizarse dentro del marco jurídico del Tratado de Yacyretá con absoluta transparencia. Escauriza enfatizó que quienes tengan a su cargo la revisión de las cuentas de la EBY deben ser designados por ley o, en su defecto, debería estar a cargo de la Contraloría General de la República (CGR), que es el organismo de control del Estado.
“Es inadmisible que se pretenda hacer un arreglo a espaldas del pueblo y entre cuatro paredes. El acuerdo Macri-Cartes desconoce la vigencia del Tratado de Yacyretá y su Anexo C”. Dichas normas integran el derecho positivo paraguayo. En consecuencia, no solamente la aplicación del acuerdo es inconstitucional, sino además es contrario a los altos intereses de la patria”, señaló Escauriza.
También fueron disertantes el Ing. Ramón Montanía Fernández, director de la Revista Especializada Mundo de la Electricidad; el Ing. Orlando Valdés, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (AISEP), y el Ing. Axel Benítez, consultor senior del sector Energía.
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