Hace pocas semanas con gran celeridad fue aprobado un histórico endeudamiento del Estado, con el fin de enfrentar la crisis por la pandemia. Y, pese a la natural desconfianza en los funcionarios, se apoyó al Ejecutivo. Con los recursos disponibles y con la urgencia que impone la crisis, no tardaron en aparecer los miserables que se aprovechan de la situación. La impunidad para con los corruptos es inaceptable. El presidente debe ser implacable con estos hechos ilícitos, provengan estos del sector público o privado. Cometer actos de corrupción en estos tiempos críticos, en los que tantos paraguayos están perdiendo sus empleos y otros no tienen siquiera para la comida del día, equivale a traicionar a la patria misma.
La pandemia del Covid-19, a nivel local, desnudó a nuestra Salud Pública y nos enfrenta hoy ante las múltiples carencias, pues resulta más que evidente que no estábamos preparados para una epidemia como la que actualmente vivimos.
En medio de los temores y la incertidumbre que provoca la epidemia, y la certeza de que no disponemos de camas ni respiradores y otros materiales sanitarios necesarios y suficientes para la población, han salido a la luz pública presuntos hechos de corrupción.
La corrupción es y ha sido en el Paraguay el gran obstáculo para la construcción de un país con bienestar y justicia social; un país donde sus instituciones, sus gobernantes y sus funcionarios públicos gocen de credibilidad y de la confianza de los ciudadanos.
La corrupción en el Paraguay aparece como normalizada por ir de la mano con la impunidad. Los pasos que ha dado la Justicia son lentos y las denuncias se acumulan.
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