Sin importar que haya sido la fiscala Brígida Aguilar la que mintió a Tigo para obtener extractos de llamadas de conocidos políticos y empresarios, o su firma fuera falsificada, el caso deja en evidencia la absoluta vulnerabilidad del derecho a la privacidad de las personas. Cualquiera puede conseguir datos privados, lo que nos deja en …
Sin importar que haya sido la fiscala Brígida Aguilar la que mintió a Tigo para obtener extractos de llamadas de conocidos políticos y empresarios, o su firma fuera falsificada, el caso deja en evidencia la absoluta vulnerabilidad del derecho a la privacidad de las personas. Cualquiera puede conseguir datos privados, lo que nos deja en un grave estado de indefensión.
ASUNCIÓN.- Una investigación periodística mostró indicios de que la fiscala Aguilar habría mentido a Tigo a fin de obtener datos de llamadas de conocidos políticos y empresarios. Si bien ella asegura que tanto la firma como el sello de la Fiscalía que figuran en el documento, son falsos, esto indica que cualquier persona puede sufrir la violación a su intimidad, porque, evidentemente, la telefónica entregó lo solicitado, en el convencimiento de que el pedido era legítimo.
En su defensa, la empresa dice que le basta que un pedido tenga el sello de la Fiscalía para que se tome en serio, y que no es su función investigar que el mismo sea auténtico o no; y tiene razón. Por lo tanto, no hay nadie que tenga la responsabilidad de proteger al ciudadano común de una invasión a su privacidad de esta magnitud.
Sea cierto o no que su firma y el sello del Ministerio Público fueron falsificados, el caso constituye un gran escándalo porque revela la fragilidad de nuestro derecho a la privacidad y lo expuestos que estamos a maniobras de personas inescrupulosas que pueden pertenecer, o no, al esquema judicial.
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