Los Juzgados de Paz de los distritos de San Roque, Catedral, Segundo Turno y Recoleta, eran manejados como su estudio jurídico por los abogados de la empresa CARSA, Eliana Marcela Rodríguez, Sebastián Benítez Porzio y José Ignacio Olmedo Lansac. Esto, se desprende de la imputación que presentaron los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi […]
Los Juzgados de Paz de los distritos de San Roque, Catedral, Segundo Turno y Recoleta, eran manejados como su estudio jurídico por los abogados de la empresa CARSA, Eliana Marcela Rodríguez, Sebastián Benítez Porzio y José Ignacio Olmedo Lansac. Esto, se desprende de la imputación que presentaron los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, contra dichos profesionales y otras 57 personas, en el caso de mafia de pagarés. Se les atribuye comisión de hechos punibles de prevaricato, como instigadores, y uso documentos públicos de contenido falso.
Eliana Marcela Rodríguez, operaba en el juzgado de paz de San Roque, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público. Este Juzgado estaba a cargo de la jueza Liliana González de Bristot, quien renunció al cargo luego de ser enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y suspendida por la Corte.
Rodríguez, según la imputación, en 11 expedientes, el 22 de enero de 2024 instó a la jueza de paz para que haga efectivo el apercibimiento a las partes demandadas, teniendo conocimiento presuntamente de que las notificaciones en la realidad no fueron practicadas.
Sebastián Benítez Porzio tuvo intervención en 9 expedientes; el 17 de enero del 2024, solicitó al juzgado que hiciera efectivo el apercibimiento legal a los deudores, a pesar de estar en conocimiento de que las notificaciones no fueron practicadas. A raíz de este pedido, el juez Víctor Nilo Rodríguez dictó resoluciones judiciales en estos expedientes, con fecha 25 de marzo del 2024, teniendo por reconocidas las firmas y disponiendo llevar adelante los juicios ejecutivos.
Leer la nota completa en El Observador
