La oficial de justicia Melisa Talavera y el abogado de Carsa, Sebastián Benítez Porzio, imputados en el caso de mafia de pagarés, objetaron la convocatoria a audiencia de imposición de medidas, por medio de recursos de reposición contra la providencia dictada por el juez, Rodrigo Estigarribia. En el caso de Benítez Porzio incluye la apelación […]
La oficial de justicia Melisa Talavera y el abogado de Carsa, Sebastián Benítez Porzio, imputados en el caso de mafia de pagarés, objetaron la convocatoria a audiencia de imposición de medidas, por medio de recursos de reposición contra la providencia dictada por el juez, Rodrigo Estigarribia. En el caso de Benítez Porzio incluye la apelación en subsidio y sostiene que “la imputación no cumple con las exigencias del 302 del Código Procesal Penal en su inciso 2 y en concordancia con la Acordada Nº 1631 dictada por la Corte, planteando un relato genérico, deficiente”.
El abogado Francisco Ramírez en representación de Melisa Talavera, asignada al juzgado de La Encarnación, a cargo de la también imputada jueza Analía Cibils, expone que el requerimiento de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, atribuye a su representada el tipo penal de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, previsto y penado en el art. 250 del C.P.
De acuerdo a la descripción del tipo objetivo del hecho punible indicado líneas arriba, requiere en primer lugar que el sujeto activo del ilícito sea un “funcionario”. Por funcionario, se entiende, de acuerdo al contexto del tipo penal en estudio, al funcionario público, por lo que a criterio de la defensa los oficiales de justicia no están incluidos en dicha categorización.
Como puede apreciarse, la persona que comete este hecho punible debe ser funcionario público y conforme al art. 4º de la Ley 1626/2000 textualmente reza: “Artículo 4º.- Es funcionario público la persona nombrada mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en el Presupuesto General de la Nación, donde desarrolle tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El trabajo del funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado.”
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