Hace exactamente un año, la Contraloría General de la República comenzó a publicar las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de las más altas autoridades del país, tras una orden de la Corte Suprema. Con casi 800.000 manifestaciones de bienes publicadas, el Ministerio Público sigue sin abrir siquiera una investigación.
A un año de liberación de las DD.JJ., Fiscalía no abrió investigación alguna
El 24 de junio de 2020 se produjo un hito histórico para el derecho de acceso a la información pública en Paraguay. Poco después de las 08:00, la Contraloría General habilitaba el portal para comenzar a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta de las más altas autoridades de la República entre 1998 y 2017.
De esta forma, el ente contralor daba cumplimiento a la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia que puso fin a una disputa de años.
Con un total de seis votos a favor, dos parciales y uno en contra, la máxima instancia judicial decidió en la sesión del 11 de junio de 2020 no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el excontralor Enrique García para no cumplir dos sentencias judiciales que obligaban a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
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