10 años de alertas hacia banco Atlas: ¿Qué hizo el BCP?

10 años de alertas hacia banco Atlas: ¿Qué hizo el BCP?

El pedido de informes de la Cámara de Diputados al Banco Central del Paraguay (BCP) busca evaluar la eficacia real de la supervisión bancaria sobre el banco Atlas en los últimos diez años, fijando un plazo de 15 días hábiles para responder. Sobre los casos A Ultranza y Darío Messer, confirmar si el BCP examinó la debida diligencia y las garantías en operaciones vinculadas a Juan Carlos Ozorio y al conflicto Matrix-Paraqvaria reportado en 2025. Si se comprueban advertencias sin seguimiento ni consecuencias, el debate dejará de ser exclusivo del banco Atlas para convertirse en un cuestionamiento de fondo a la eficacia del sistema de supervisión financiera de Paraguay.

El pedido de informes de la Cámara de Diputados al Banco Central del Paraguay (BCP) busca evaluar la eficacia real de la supervisión bancaria sobre el banco Atlas en los últimos diez años, fijando un plazo de 15 días hábiles para responder. Más allá de las inspecciones realizadas, el foco está en la capacidad del regulador para actuar tras detectar riesgos, dar seguimiento a sus advertencias y escalar los controles antes de que los problemas derivaran en causas judiciales.

Principalmente, a lo que se apunta es a reconstruir la línea de tiempo del control oficial. Se exige identificar quién verificó las correcciones ordenadas en 2016 por riesgos fiduciarios ligados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, cuyos fondos provenientes de operaciones sospechadas de ilícitas fueron recibidos por el ente bancario, propiedad del Grupo Zuccolillo.

Además, debe responder por qué no existirían sumarios administrativos vigentes contra el banco, cuyos directivos están imputados por presunto lavado de dinero, como el caso del presidente de la entidad, Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario abc Color.

En cuanto a la actividad fiduciaria producida en este tiempo, (2017-2026), se exigen no solo actas de inspección, sino observaciones, planes de regularización y sanciones aplicadas para determinar si existió una evaluación integral del perfil de riesgo de la entidad.

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