(Por Beatriz González López-Valcárcel, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Toni Mora, Universitat Internacional de Catalunya) Desde hace pocos años se han creado impuestos específicos sobre las bebidas con azúcar añadido en múltiples lugares del mundo como Francia, México, Reino Unido, algunos estados de EEUU y más recientemente, en Cataluña.
Son impuestos “sobre el pecado”, destinados a eliminar las externalidades financieras. En otras palabras, pretenden que “el que la hace, la pague”. No hay que olvidar que todos pagamos con nuestros impuestos el tratamiento de las enfermedades asociadas a la obesidad, y las bebidas azucaradas son una de las principales fuentes de “calorías vacías” en los países desarrollados.
También son impuestos paternalistas que intentan mejorar la salud, como bien supremo a tutelar, forzando cambios de comportamiento. Hace falta dado que, en España, el 37% de los adolescentes entre 15 y 19 años toma refrescos azucarados tres o mas días por semana, según la Encuesta Nacional de Salud de 2017.
Ahora bien, como son tasas de reciente creación, existen pocos estudios que evalúen su impacto sobre el consumo de refrescos, sobre el consumo de azúcar y sobre la salud.
El impuesto catalán entró en vigor el 1 de mayo de 2017 y es una copia del implementado en el Reino Unido. Grava el azúcar añadido con 8 céntimos de euro por cada 100 ml para las bebidas que tienen 5-8 gramos de azúcar por 100 ml. Y con 12 céntimos de euro por cada 100 ml para las que tienen mayor contenido de azúcar.
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