El abogado Ezequiel Santagada advierte que la Circular de Yacyretá viola la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública. Sostener que difundir documentos es una “falta” carece de sustento jurídico en una entidad que maneja fondos del pueblo. Advierte que buscan forzar la autocensura bajo amenaza.
La reciente “ley del silencio” impuesta oficialmente y por escrito en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no solo es un retroceso democrático, sino un atropello directo a la legislación vigente. Para el Abog. Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), la Circular SGP N.º 03/2026 —firmada por el secretario general Mario Cáceres— colisiona frontalmente con la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública.
Según el análisis jurídico, la disposición de la EBY que prohíbe a funcionarios compartir documentos o hablar con la prensa es, en esencia, un acto de prepotencia administrativa que ignora que las binacionales están sujetas al control ciudadano.
Santagada explica que la Ley 5282 establece taxativamente que su alcance incluye a las “entidades binacionales en las que participe la República del Paraguay”. Es más, la normativa obliga a los directores paraguayos —como el caso de Cáceres, quien percibe una remuneración de más de G. 71 millones— a garantizar el ejercicio del derecho a solicitar y recibir información.
“Toda la documentación que genera la EBY, margen derecha, está alcanzada por la definición de información pública. Ergo, mal podría constituir una falta administrativa hacerla pública”, sentenció el jurista.
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