Tras la captura de Maduro, EE. UU. identifica a Diosdado Cabello como el principal escollo para normalizar relaciones.
Miles de seguidores de Nicolás Maduro marcharon en Caracas el 23 de enero para pedir la liberación del mandatario depuesto, mientras Venezuela conmemoraba el 68º aniversario de la caída de la dictadura militar.
VisualPolitik/LaTribuna. Con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el tablero venezolano entró en una fase inédita: Washington busca recomponer su relación con Caracas, reactivar el flujo de petróleo y forzar gestos de apertura política. En esa ecuación, el nombre que aparece como principal obstáculo es Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y, para muchos analistas, el hombre fuerte del aparato represivo.
El giro ha sido presentado por Donald Trump como un “trato” de beneficios rápidos: el crudo venezolano comienza a venderse y el Palacio de Miraflores recibe millones de dólares. A cambio, el chavismo empezó a liberar presos políticos. Ya se reportan más de 140 excarcelaciones, aunque el avance es parcial: según el recuento de Foro Penal, a finales de diciembre permanecían al menos 863 detenidos por motivos políticos. La lentitud alimenta una pregunta incómoda: ¿por qué un gesto simple se vuelve tan costoso?
Una hipótesis gana peso: la disputa interna dentro del oficialismo. El control cotidiano del sistema penitenciario no recaería en las figuras más visibles del Ejecutivo, sino en el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Acerpa (en el cargo desde el 2024 y sancionado por Estados Unidos), considerado cercano a Cabello. Aunque ambos son ministros, se atribuye al titular de Interior influencia sobre la seguridad y, de forma indirecta, lo que ocurre en las cárceles. Bajo esa lógica, las liberaciones se convierten en el primer campo de batalla entre un ala pragmática —asociada a...
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