Desde la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), su vocera Rocío Figueroa explicó que la normativa vigente
Desde la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), su vocera Rocío Figueroa explicó que la normativa vigente —específicamente el artículo 279— autoriza tanto al Ministerio de Salud como al MOPC a recurrir a este sistema para cancelar obligaciones pendientes. Sin embargo, la reglamentación actual restringe su aplicación en Salud Pública únicamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos, dejando fuera más de un centenar de ítems relacionados con servicios y otros insumos.
Esta limitación implica que, de implementarse el esquema en las condiciones actuales, solo podrían cubrirse deudas por unos USD 775 millones, cuando el pasivo total del sector asciende a aproximadamente USD 1.200 millones. En ese sentido, Figueroa remarcó la necesidad de incluir también compromisos derivados de amparos judiciales y otros conceptos.
La propuesta en estudio plantea suprimir el subgrupo establecido en el decreto reglamentario, lo que permitiría extender el mecanismo a áreas como mantenimiento, adquisición de equipamientos y prestación de servicios, entre otros.
Además, desde el sector farmacéutico insisten en que el Estado asuma los intereses generados en el sistema financiero, considerando que existen compromisos con atrasos de hasta dos años.
Leer la nota completa en ADN Digital
