El Poder Ejecutivo vetó la modificación a la ley 6873/2022 que pretendía dar vía libre a las gobernaciones a transferir créditos previstos para construcción de obras de uso público a entidades sin fines de lucro. La ley planteaba restituir parte del cuestionado “Rubro 800″, herramienta que fue aprovechada por gobernaciones y municipios para presuntamente evadir controles de transparencia y desviar fondos durante la pandemia. La normativa vuelve al Congreso para su consideración.
Vetan ley que abre “canilla” de millonarios fondos para gobernaciones
A través del decreto N° 7203, el Poder Ejecutivo objetó totalmente el proyecto de ley N° 6924 que modifica la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022, que guarda relación con transferencias de créditos de las gobernaciones a entidades sin fines de lucro.
Conforme señala la normativa, los proyectistas pretendían levantar la restricción establecida en el artículo 280 que “prohíbe la programación de Créditos presupuestarios en objeto de gasto 521, de “Construcciones de obras de uso público” al objeto de gastos 874 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones privadas sin fines de lucro y 874 “Aportes a Entidades Educativas sin fines de lucro”.
Esta atribución de los gobernadores fue recortada en el presupuesto de este año a consecuencia del festín con fondos covid-19 que realizaron presuntamente varias administraciones departamentales, como es el caso del exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC) y el gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, HC), cuya administración piden sea intervenida.
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