El Gobierno de Uruguay dispuso el miércoles cerrar las fronteras y limitar las reuniones con el fin de frenar el “crecimiento exponencial” de casos de COVID-19.
El presidente Luis Lacalle Pou anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso en las próximas horas que reglamentará las circunstancias en que podrá ser disuelta una reunión que pueda afectar la salud pública.
El gobierno había previsto realizar estos anuncios el viernes, pero el aceleramiento de los contagios, con un pico de 536 casos el domingo, llevó a adelantar dos días la reunión del Consejo de Ministros.
“No podemos comprometer lo logrado”, dijo Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del Gobierno, quien aseguró que la zona más comprometida del país es la capital y la zona metropolitana, donde ya existe una “circulación comunitaria” del virus. El miércoles el país sudamericano registró 476 casos nuevos, cuatro muertos y, por primera vez desde el inicio de la pandemia, el virus alcanzó a todos los departamentos. Desde el 13 de marzo, Uruguay registra 10.893 casos positivos y 102 fallecidos.
La dispersión del contagio por todo el territorio también llevó al gobierno a intentar disminuir la movilidad de personas hacia el interior por las vacaciones de verano, para lo cual limitó el aforo del transporte en un 50% de su capacidad hasta el 10 de enero.
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