En las últimas semanas se han multiplicado las denuncias de desalojos violentos de comunidades indígenas, sin que las autoridades —que deben protegerlos— intervengan de manera decidida. En muchos episodios es el propio Estado el que procede a expulsarlos, ignorando los derechos consuetudinarios. Pero los hechos más graves son los que involucran a sectores particulares, con gran poder económico, que se sirven de sus influencias para hacer valer la presunta propiedad sobre las tierras originarias, recurriendo a grupos armados privados para ejercer una violencia totalmente ilegal. Los indígenas siguen siendo uno de los sectores más invisibilizados y vulnerables de nuestra sociedad, algo que incluso se ha agravado durante la pandemia del coronavirus. Es urgente que la sociedad se manifieste para amparar el derecho de los más pobres.
Ea situación de los 19 pueblos indígenas del Paraguay arrastra antiguos conflictos y dramas que hasta ahora han sido muy poco atendidos y resueltos.
Aunque la Constitución los reconoce como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, admitiendo importantes derechos —como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a peculiaridades culturales, entre otros aspectos—, estos se cumplen muy poco en la realidad cotidiana. El principal organismo encargado de velar por estos derechos, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tiene poca representatividad y bajo presupuesto, además de actuar generalmente como un apéndice del partido político en el Gobierno y con criterios...
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