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La auditoría realizada por la CGR en el 2018 dejó en evidencia que el intendente Alejandro Urbieta autorizó la transferencia de G. 4.812.990.000 de las cuentas del Fonacide a la cuenta corriente Nº 15010103336 de recursos propios. “Transferencias interbancarias realizadas desde la cuenta de origen Fonacide, cuya devolución no fue determinada por el equipo auditor en el periodo auditado”, señala la CGR.
Con esto, el Ejecutivo municipal incumplió el Decreto reglamentario Nº 8127/00 de la Ley 1539/99, artículo 46; además el Decreto N° 8452/18 de la Ley N° 6026/18, artículo 378.
Ante esta situación, el intendente se comprometió en dos ocasiones, nota mediante, a devolver el dinero a la cuenta original. Lo hizo en el 2018 y volvió a recibir el desembolso; sin embargo, no cumplió con su compromiso. Misma cosa hizo en mayo de 2020, pero hasta el momento no ha devuelto el dinero, según comentó Ytalo Centurión, concejal municipal. “Este es solo un punto de las irregularidades detectadas por la Contraloría y que obran en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados; acá no existen intereses políticos de colorados, son los mismos liberales los que iniciaron la lucha...
Agregó que los balances de 2018 y 2019 son copia y pega y que los informes solicitados al Ejecutivo solo tuvieron respuestas risibles sin documentos respaldatorios. “El argumento de algunos diputados es que no existen daños patrimoniales, pero qué más quieren de las observaciones de Contraloría, que con una intervención van a saltar como tremendos daños patrimoniales”, dijo el concejal Centurión, contador de profesión.
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