El fiscal Luis Piñánez confirmó a PDS Radio la imputación del exdiputado Orlando Arévalo, dos ex juezas y Guido Díaz, oficial de crédito, en relación con presuntos delitos de corrupción. La imputación surge a raíz del análisis de comunicaciones encontradas en el teléfono celular de Eulalio “Lalo” Gómez, también exdiputado, que fueron remitidas al Ministerio […]
El fiscal Luis Piñánez confirmó a PDS Radio la imputación del exdiputado Orlando Arévalo, dos ex juezas y Guido Díaz, oficial de crédito, en relación con presuntos delitos de corrupción. La imputación surge a raíz del análisis de comunicaciones encontradas en el teléfono celular de Eulalio “Lalo” Gómez, también exdiputado, que fueron remitidas al Ministerio Público por un juzgado.
Según el fiscal Piñánez, la investigación se centra en el presunto delito de cohecho agravado en el caso de Arévalo, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como presidente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La fiscalía sostiene que Arévalo habría solicitado tres cheques a Lalo Gómez, por un monto cercano a los Gs. 200 millones, para acceder a un crédito que le era negado debido a su situación financiera. A cambio, Arévalo presuntamente habría favorecido a una persona con una causa pendiente en el JEM.
Guido Díaz, por su parte, fue imputado como cómplice de cohecho agravado. La Fiscalía considera que Díaz, en su rol de oficial de crédito, facilitó la intermediación y la colaboración necesarias para concretar la operación.
En cuanto a las exmagistradas, Carmen Silva y Ana Aguirre, la imputación se basa en presuntas comunicaciones con Lalo Gómez cuando ambas ejercían funciones en Pedro Juan Caballero. Según Piñánez, Silva habría solicitado apoyo a Gómez para ascender a otro cargo en la magistratura, a cambio de información en un proceso judicial. Además, se investiga si Silva habría informado a Gómez sobre un allanamiento del Ministerio Público, frustrando la ejecución penal. Los tipos penales atribuidos a Silva son cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración a la ejecución penal.
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