El sobreseimiento definitivo del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) y la extinción de la acción penal, dispuestos por un Tribunal de Sentencia con el voto favorable de sus miembros Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate y la disidencia de Cándida Fleitas, supone una afrenta al Derecho y a la moral, perpetrada el mismo día en que la Cámara que el beneficiado integra rechazó el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, a cargo del repudiado Hugo Javier González (ANR, cartista). Fue un día negro para la transparencia anhelada en el Paraguay. En efecto, los dos casos tienen en común el apaño a la corrupción y evidencian que hay miembros de los poderes Judicial y Legislativo que no están empeñados en sanear la función pública, sino más bien en proteger a quienes desvían sin tapujos el dinero del erario.
El sobreseimiento definitivo del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) y la extinción de la acción penal, dispuestos por un Tribunal de Sentencia con el voto favorable de sus miembros Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate y la disidencia de Cándida Fleitas, supone una afrenta al Derecho y a la moral, perpetrada el mismo día en que la Cámara que el beneficiado integra rechazó el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, a cargo del repudiado Hugo Javier González (ANR, cartista). Fue un día negro para la transparencia anhelada en el Paraguay.
En efecto, los dos casos tienen en común el apaño a la corrupción y evidencian que hay miembros de los poderes Judicial y Legislativo que no están empeñados en sanear la función pública, sino más bien en proteger a quienes desvían sin tapujos el dinero del erario. Se quiso creer que el encomiable fallo dictado en el caso del prominente usurero luqueño Ramón González Daher podía conducir a una paulatina regeneración de la judicatura, pero resulta que algunos de sus miembros volvieron a las andadas casi de inmediato para librar de la cárcel a quien, como el exdiputado José María Ibáñez,...
Como dice la frase guaraní, “ipo’ihápente oso” (la cuerda se suelta en la parte más débil), esos falsos funcionarios –Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco– fueron condenados por estafa a dos años de cárcel, si bien con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, esto es, siguen en libertad. Su multimillonario expatrón fue acusado el 20 de noviembre de 2019 como autor del delito de estafa y cómplice de sus empleados en el de cobro indebido de honorarios, pero el juicio oral y público solo pudo iniciarse el último 13 de diciembre, debido a las múltiples chicanas interpuestas tras...
La extinción de la acción penal exige que se repare todo el daño causado, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público; en este caso, lo admitió la Cámara Baja, cuyo presidente carecía de legitimación activa, al decir del agente fiscal Luis Piñánez: el acuerdo tendría que haber sido firmado por el procurador general de la República, Juan Caballero González. Este declaró en el juicio que el diputado Alliana le comunicó lo acordado con su colega y que el órgano que él preside no sufrió ningún daño patrimonial, con lo que el procurador general, por lo visto, se dio por muy...
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