En un acto político, el 18 de junio pasado, el presidente de la República cuestionó el trabajo de la fiscalía sobre la investigación del incendio del Congreso.
Este reclamo público fue tomado por algunos sectores políticos de la oposición como una presión indebida. Santiago Peña, candidato a presidente por Honor Colorado, afirmó que el mandatario habló en esa ocasión “como ciudadano”. Lo manifestado por Peña apuntaría a confirmar lo que dijo de sí mismo en una entrevista: que su peor defecto era la candidez.
Luego de esta crítica oficial, los fiscales actuaron aceleradamente, imputaron a varios acusados, apresaron aparatosamente a Stiven Patrón y lo remitieron a la cárcel de Emboscada.
Lo notable es que Cartes, “como ciudadano”, no reclamó antes, por otros hechos tanto o más graves, celeridad a la fiscalía o al Poder Judicial y, menos aún, a la Policía Nacional o a la Fuerza de Tarea Conjunta, organismos estos dos últimos que dependen directamente de su administración.
Una mirada a vuelo de pájaro revela que durante la gestión de Horacio Cartes se sucedieron hechos de inseguridad muy graves que, hasta ahora, no han tenido resolución o respuesta efectiva de parte de las instituciones del Estado.
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