La defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly abrió una investigación sobre el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur –alcanzado en julio del año pasado– atendiendo los reclamos de unas cinco oenegés sobre “la falta de un estudio de impacto ambiental actualizado”.
BRUSELAS (AFP). Tras 20 años de negociaciones, la UE y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) llegaron hace un año a un principio de acuerdo comercial, que el bloque sudamericano busca que entre en vigencia lo antes posible.
“He decidido iniciar una investigación sobre esta queja” que apunta a la falta de una evaluación de impacto ambiental actualizada antes del acuerdo alcanzado en junio de 2019, escribe O’Reilly en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, ClientEarth, Fern, el Instituto Veblen y la Fundación Nicolas Hulot pidieron a la defensora que suspendiera el proceso de ratificación, al considerar que Bruselas no tuvo en cuenta el impacto del acuerdo.
“La Comisión no respetó su obligación legal de garantizar que este acuerdo no implique una degradación social, económica y ambiental, ni violaciones de los derechos humanos”, aseguraron a mediados de junio al anunciar la presentación de su queja.
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