AREGUÁ. Por unanimidad los camaristas del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Bibiana Benítez Faria, Andrea Vera Aldana y Arnulfo Arias, declararon “inoficioso” el último recurso de apelación general interpuesto por los abogados Jorge Arturo Daniel y Andrés Casati Caballero, defensores del gobernador de Central Hugo Javier González (ANR cartista), imputado. De esta manera se destraba el caso facturas clonadas y se confirma a la jueza María Elena Cañete, para que atienda la causa y realice la audiencia de imposición de medidas.
Tribunal ratifica a jueza en caso Hugo Javier y hay vía libre para imposición de medidas en causa facturas clonadas
La resolución de ratificación del Tribunal tiene fecha 4 de febrero de este año y es en respuesta a la recusación planteada contra la magistrada María Elena Cañete del Juzgado Penal de Garantías Nº 1, de San Lorenzo, planteada el pasado 25 de enero. Pero, desde el Juzgado informan que existen otros recursos previos planteados que están siendo analizados por la magistrada y que podrían resolverse en la brevedad posible. Hasta que los mismos no sean resueltos, la audiencia de imposición de medidas, seguirá postergándose.
El gobernador de Central, Hugo Javier, junto a otras 14 personas fueron imputados el pasado 1 de noviembre por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en la causa investigada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia. Desde entonces la defensa ejercida por los letrados Arturo Daniel, Andrés Casati y Fausto Portillo, presentaron innumerables chicanas y de todo tipo para dilatar el proceso penal.
Finalmente, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen organizado y Anticorrupción, representado por los camaristas Bibiana Benítez Faria, Andrea Vera Aldana y Arnulfo Arias, rechazó por unanimidad el último recurso planteado. Se trata de la recusación general de la jueza María Elena Cañete, donde se resolvió “no hacer lugar” a lo solicitado, además de “advertir a los recurrentes la necesidad del uso correcto de los recursos evitando con ello acciones dilatorias que no son propias de una buena defensa técnica”, dice la resolución.
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