Las modificaciones legales que permitieron que el artículo 245 del CPP vuelva a su redacción original y que la concesión o no de medidas alternativas o sustitutivas de prisión quede a criterio del juez según cada caso, es un gran paso para revertir la crisis carcelaria pero no debe ser el único, a criterio del abogado Marcio Battilana.
En el año 2016, a través del trabajo “Análisis de la prisión preventiva en la República del Paraguay. Análisis, conclusiones y recomendaciones”, Marcio Battilana ya apuntaba los graves problemas causados por la aplicación automática de la prisión preventiva únicamente en base a la calificación, a raíz de la vigencia de la ley 4.431/11, que modificó el artículo 245 del Código Procesal Penal, referente a las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva.
El estudio, realizado por Battilana en forma conjunta con los abogados Javier Contreras y Madeleine Ruiz Zárate para el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), cuestionó la imposición de prisión preventiva sin entrar a analizar los presupuestos legales de la imputación y de la existencia de elementos que determinen su necesidad.
El trabajo destacó que el 78% de la población penitenciaria de entonces carecía de condena y recordó que en el año 2013, el Paraguay era el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de personas privadas de su libertad, a través de la prisión preventiva.
“Las mencionadas malas prácticas procesales de parte de representantes del Ministerio Público y Magistrados del Poder Judicial, sumadas a la aplicación de la Ley 4431/11, generan casos de aplicación de medidas cautelares innecesarias, incluyendo la aplicación de medidas de prisión con fundamentos contrarios a los principios de presunción de inocencia y de la excepcionalidad de la misma, que debe dictarse solamente cuando resulte imprescindible para la realización de diligencias del juicio”, decía entonces el estudio en su parte conclusiva.
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