Ignacio Vera, funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) hasta 2013, declaró en el juicio por la masacre que en 2012 provocó la muerte de 17 personas, que las tierras en litigio donde ocurrió la matanza son del Estado.
Vera era director departamental del Indert en Canindeyú cuando un grupo de campesinos ocupó una finca del distrito de Curuguaty, en ese departamento, para reclamar que formase parte de la reforma agraria estatal.
Los campesinos integraban la comisión vecinal Naranjaty, que desde 2004 gestionaba con el Indert la titularidad de las tierras, y poseía un historial de desalojos pacíficos, declaró Vera durante su intervención en el juicio que se sigue en Asunción a once labriegos acusados por la masacre.
Afirmó además que, según los documentos, estas tierras, conocidas con el nombre de Marina Kue, por la presencia de un destacamento de la Armada en el lugar durante décadas, pertenecen al Estado paraguayo.
Vera agregó que pudo constatar la existencia del destacamento de la Armada en el lugar, y que incluso uno de los campesinos fallecidos durante la masacre, Avelino Espínola, le había entregado documentos que certificaban la existencia de esta repartición militar.
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