Pese a que muchas veces los descuentos judiciales no son culpa de los funcionarios, la ministra de Salud propuso como "medida urgente" cursos para los empleados. Dijo que estos pueden solicitar también el cese de los cobros compulsivos no judiciales.
Como una respuesta tibia ante el tema de la mafia de los pagarés, la ministra de Salud, María Teresa Barán, dijo que, como medida de urgencia, están dando cursos de educación financiera. Al último, explicó que cada funcionario puede cancelar los descuentos convencionales.
Hoy, la representante de la cartera de Estado finalmente compareció en el Congreso, ante la Comisión de Investigación de los esquemas de estafas con pagarés.
Reconoció que dentro de la mafia de pagarés, Salud Pública es una de las instituciones más afectadas, por lo que consideró que la reunión como “una oportunidad para dar soluciones definitivas”.
Las principales víctimas del esquema son enfermeras, técnicos, personal de apoyo, explicó. Se tiene que casi 2.700 funcionarios de Salud están con problemas judiciales, de los cuales 930 son por prestación alimentaria.
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