Ex concejales municipales de Quyquyhó, bajo patrocinio del abogado Alfredo Hernán Cabrera, presentaron el 30 de mayo pasado en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción un urgimiento para que se impute al diputado cartista reelecto Esteban Samaniego, ante el temor de que la causa sobre lesión de confianza del 2018 prescriba.
Según el escrito, en marzo de 2018 se presentó ante la Unidad de Delitos Económicos una denuncia contra el entonces intendente de Quyquyhó por una malversación de G. 19.000 millones.
Los exconcejales piden al actual fiscal general Emiliano Rolón prestar atención a la denuncia ante el temor que la causa quede en el “oparei”. Según los datos, los entonces concejales de Quyquyhó Isidoro Benítez, Adriano Duarte, Daylis Pereira y Natividad Morel radicaron la denuncia.
Acercaron como pruebas de la supuesta lesión de confianza fotocopias de cheques municipales cobrados supuestamente por la esposa del diputado, Patricia Colvalán, actual intendenta de Quyquyhó; guardias privados y operadores políticos.
Además, su compadre y excompañero de Puertos, Andrés Arrúa, a través de su empresa HB Services ganó el 95% de las licitaciones municipales. También se pagó a un carpintero quien construyó un corral en su estancia con cheque de la Municipalidad de Quyquyhó cuando Samaniego ya era diputado.
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