Miguel Benítez –Tw: @maikbenz
Lo sucedido con MUV, Uber y los taxistas solo es una batalla más entre la tradición y la innovación. Ha pasado en muchos sectores, por no decir en todos. Lo grave acontece cuando se pone en riesgo la integridad del ciudadano, como sucedió en la última manifestación del enjambre amarillo. Lejos de ganarse la simpatía del público, los trabajadores del volante se adjudicaron el recelo por bloquear calles y por tratar mal a automovilistas y peatones.
El artículo 107 de la Constitución Nacional establece que “toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades”. Añade que se “garantiza la competencia en el mercado” y que “no serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.
A su vez, el artículo 45 menciona que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”. Estos puntos fueron esgrimidos por la jueza Letizia Paredes al momento de rechazar el amparo promovido por los taxistas para prohibir el funcionamiento de MUV.
COMPETENCIA INTERNA. Mucho antes de que asomen MUV y Uber, los conductores amarillos habían contado con una aplicación llamada Easy Taxi, la cual pretendía ayudarlos a contactar pasajeros. El software, en vez de colaborar, generó disputas por las paradas. Los dueños de estas se molestaban porque choferes de un barrio o de una ciudad ingresaban a sus “territorios”. En consecuencia, las asociaciones erradicaron la plataforma. Asimismo, se les ofreció un sistema llamado Taxipar, pero tampoco prosperó.
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