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Lourdes González, titular de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), confirmó que la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de dos jefas y dos funcionarios por la supuesta falsificación de sellos para la venta de un inmueble y el intento de estafa a un banco.
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó un sumario y dispuso la suspensión de dos jefas y dos funcionarios de los Registros Públicos, quienes habrían falsificado sellos de la institución para posibilitar la transferencia de un inmueble ubicado en Caaguazú de USD 3.500.000, con la cual se habría buscado estafar a un banco.
Los sumariados son: Patricia Candia, jefa de sección y la jefa adjunta Marlene Enciso, además de los funcionarios Rubén Santacruz, de Archivo, y el registrador Cesar Picaguá.
Por otro lado, se intentó sobornar a otros jefes, con el ofrecimiento de USD 35.000 para que no hagan la denuncia, según el informe de PDS.
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